Mérida, Yucatán, a Viernes 27 de Marzo de 2026
26-03-2026.- Con el objetivo de transitar de la improvisación a políticas públicas con base legal, el diputado Gaspar Quintal Parra presentó una iniciativa para crear la Ley de Atención a las Personas Migrantes del Estado, en un llamado urgente a pasar del asistencialismo a la garantía plena de derechos y dignidad para quienes se encuentran en situación de movilidad humana.
Quintal Parra subrayó que Yucatán ya vive un fenómeno migratorio acelerado, funcionando como lugar de origen, tránsito y destino.
Destacó datos alarmantes, como el aumento del 50% en las deportaciones de yucatecos desde Estados Unidos y Canadá registrado en 2022, y la cifra de 326 yucatecos repatriados tan solo en 2025.
"Es urgente que pasemos de la indiferencia a la dignidad. No basta con haber creado una Comisión Especial de Asuntos Migratorios si no se emiten dictámenes ni posicionamientos en defensa de los migrantes", afirmó el diputado.
La propuesta busca unificar esfuerzos normativos que hasta ahora han estado fragmentados, enfocándose en los siguientes ejes:
Protección a la Población Maya: Reconocimiento específico de los derechos de la población maya en movilidad, respetando su identidad cultural y lengua, además de implementar programas de reintegración para quienes retornan.
Eliminación de Barreras: Facilitar el acceso real a servicios públicos y eliminar obstáculos administrativos para las personas migrantes.
Infraestructura de Apoyo: Creación de unidades de enlace y refugios temporales para personas en tránsito o solicitantes de refugio.
Gobernanza y Coordinación: Establecimiento de una Comisión Intersecretarial de Migración y Movilidad Humana para coordinar políticas públicas basadas en evidencia y diagnósticos reales.
El legislador señaló que la planeación de la entidad debe ajustarse a la realidad demográfica actual, pues en Mérida, uno de cada cuatro habitantes no es nacido en Yucatán.
Asimismo, mencionó que el estado ha alcanzado cifras de 226 mil personas extranjeras documentadas con tarjetas por razones humanitarias, superando por mucho la media nacional.
Con esta ley, se busca que Yucatán cuente con una herramienta jurídica para proteger y acompañar a las familias yucatecas que impactan en este fenómeno, garantizando justicia y una visión de futuro en materia de derechos humanos.