ES OBLIGATORIO INVESTIGAR A FONDO EL POLEMICO CASO DE LA ESCUELA SECUNDARIA SERAPIO RENDON.
DE NINGUNA MANERA SE DEBE PROTEGER A NADIE.
En el periodismo existe una obligación elemental: informar con responsabilidad, especialmente cuando están involucrados menores de edad y presuntas víctimas de delitos sexuales.
Por eso resulta preocupante observar cómo algunos medios parecen más interesados en construir una narrativa política o generar indignación en redes sociales que en verificar cuidadosamente los hechos.
La nota publicada sobre el caso de la Secundaria Serapio Rendón es un ejemplo de ello.
Desde sus primeras líneas se intenta darle un significado político a tan delicado tema, una estrategia nada inteligente que nada tiene que ver con la denuncia original.
Antes de abordar el problema de fondo, el texto busca establecer un contexto político que orienta la percepción del lector.
Más delicado aún es que se afirme o sugiera que la menor fue expulsada del plantel sin aportar evidencia concluyente de ello.
El propio comunicado de la escuela, que forma parte de la información disponible, merece ser considerado dentro del contexto informativo.
En casos tan sensibles, una afirmación de esa naturaleza no puede sustentarse únicamente en versiones o especulaciones.
La responsabilidad periodística exige contrastar información, verificar documentos y escuchar a todas las partes involucradas.
Más aún cuando se trata de una menor de edad cuya identidad, entorno y circunstancias personales deben ser protegidos en todo momento.
Las investigaciones realizadas posteriormente apuntan a que los procedimientos dentro del sistema educativo siguen una ruta administrativa y jurídica específica.
En primera instancia intervienen las áreas jurídicas de la Secretaría de Educación, que integran expedientes y realizan las diligencias correspondientes antes de que determinados asuntos sean canalizados o complementados por las autoridades ministeriales.
Lo anterior no significa que el proceso sea perfecto ni que las autoridades estén exentas de rendir cuentas. Al contrario, la sociedad tiene derecho a exigir resultados y transparencia.
Sin embargo, una cosa es cuestionar la actuación institucional y otra muy distinta construir conclusiones anticipadas sin que existan elementos suficientes para sostenerlas.
Paradójicamente, quien termina exponiendo más a la víctima no es necesariamente la institución señalada, sino la difusión irresponsable de versiones no confirmadas que convierten un caso delicado en material para obtener reacciones, compartidos y posicionamiento político.
La búsqueda de justicia para una menor exige seriedad, prudencia y verdad.
Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en espectáculo.
SE DEBE INVESTIGAR A FONDO
De ninguna manera una menor de edad se le puede culpar de manera directa y castigarla de manera ejemplar, dónde entonces queda la responsabilidad de las autoridades que deben investigar a fondo este tema.
También no se puede echar a saco roto la versión de que otro maestro estaría incurriendo en situaciones de acoso sexual a las alumnas, también debe ser objeto de una fuerte investigación entre las presuntas afectadas y los padres de familia.
Hoy vivimos tiempos muy difíciles, pero gracias a las redes sociales y los medios de comunicación comprometidos con la sociedad yucateca es cuando se exponen este tipo de casos, donde lo único que tienen que realizar las autoridades competentes es investigar con seriedad, profesionalismo y auténtico compromiso.
La educación, el bienestar de los alumnos debe ser fundamental y una obligación de las autoridades educativas y cuando surge en este caso un presunto caso de un maestro que transgreda la normatividad debe ser en primer lugar separada y si las evidencias apuntan que si cometió dicho delito debe ser castigado de manera ejemplar.
Artículo cortesía de EL CHISMOGRAFO EN LA RED Y UNA PINCELADA ADICIONAL DE EL PRINCIPAL.